Quizá hastiado por el riguroso clima belga, quizá necesitado de un nuevo golpe mediático que escenificara su enfrentamiento con el Gobierno español, quizá interesado por la rica cultura local de Copenhague, Carles Puigdemont se levantó esta mañana e hizo lo que todo estudiante Erasmus ha hecho tantas veces: coger un Ryanair a horas intempestivas y lanzarse a la aventura.
Tras varios meses anclado en Bruselas, protegido por la decisión de la justicia belga de entregarle con condiciones sus colegas españoles, Puigdemont se encontraba en un impás dubitativo: anulada ya la euroorden que reclamaba su extradición, solicitado por ERC para ser investido en el Parlament, ¿qué más podría extraer de Bélgica? Nada, debió responderse, y allá que se lanzó a Dinamarca, donde hoy impartirá una conferencia.
La nueva parada del circo ambulante de Puigdemont era un movimiento arriesgado: las leyes danesas son diferentes a las belgas, pero el Tribunal Supremo ha otpado por no activar una nueva euroorden que pudiera forzar su extradición. Recapitulemos el significado de todo este circo.
Euroorden y Puigdemont: historia de (des)amor
El pasado mes de octubre, Carles Puigdemont tomó dos decisiones que cambiarían su vida para siempre: aprobó la Declaración Unilateral de Independencia y se marchó a Bruselas, consciente como era de que la justicia española requeriría de su presencia tarde o temprano. Lo hizo acompañado de cinco consellers y buscando internacionalizar el procés en un país, Bélgica, donde contaría concierto paraguas legal.
Mientras Oriol Junqueras y los consejeros no huidos entraban en prisión provisional imputados por los delitos de rebelión y sedición, Puigdemont se instalaba en Bruselas, convocaba caóticas ruedas de prensa y desafiaba en abierto a la justicia española. El Tribunal Supremo hizo entonces lo que las reglas de cooperación europea marcan: emitir una euroorden, una petición de detención y extradición, para que Bélgica devolviera a Puigdemont cuanto antes.
Puigdemont en Bruselas este mes de enero. (Virginia Mayo/AP)
KRLS jugaba entonces con ventaja. La euroorden se basa en un principio simple: todos los países de la Unión Europea son seguros, es decir, no discrecionales y garantes de los derechos fundamentales. Sin embargo, hay algunos supuestos sobre los que un estado miembro puede negarse a acatar la euroorden. En su caso, el juez belga argumentó que, dado que en Bélgica no existía el delito de sedición o rebelión, no podía entregar a Puigdemont por tales delitos.
Así, Bélgica estaría dispuesta a entregar al president fugado, pero con condiciones: su detención y extradición podría servir para imputarle por malversación, pero no por los gravosos delitos de sedición o rebelión. El Tribunal Supremo decidió entonces retirar la euroorden. Bélgica ya no tendría que entregar a Puigdemont. La justicia española podría juzgarle por sedición y rebelión, pero tendría que esperar a que volviera a poner pie en España.
A partir de ahí, el juego del gato y el ratón escenificado por Puigdemont se enfrió: para el juez Lamela, detener al president y a los consellers era cuestión de paciencia. Tarde o temprano volverían. No en vano, la formación de Puigdemont, Junts per Catalunya, había vuelto a ser la opción independentista más votada en las elecciones del 21 de diciembre. Si KRLS quería ser investido presidente una vez más, tendría que volver a pisar España, donde la orden de detención sí seguía vigente.
Puigdemont, poco antes de leerse "Hamlet". (Dirk Waem/AP)
Puigdemont ha dado largas a su posible regreso. Conminado por ERC a regresar para ser investido (y exponerse a perder el gobierno en caso de que no lo haga), el líder convergente trató de delegar su voto e incluso presentarse en el Parlament vía Skype. Y entre dimes y diretes llegó la gran idea: dado que ya no hay euroorden, razonó, soy hombre libre para moverme a mi antojo por Europa. Una invitación a una charla en Copenhague hizo el resto.
Dejarse detener suena demasiado bien
Hoy Carles Puigdemont ha puesto pie en el aeropuerto danés, y de forma automática la Fiscalía ha pedido al Supremo que active una nueva euroorden a aplicarse única y exclusivamente en el país escandinavo. De modo que, si la justicia danesa tiene a bien detenerle y examinar su caso, Puigdemont podría volver a España extraditado.
¿Por qué? La respuesta se halla en el particular entramado legal danés. Al contrario que Bélgica, Dinamarca sí tipifica los delitos de rebelión y sedición. El Código Penal danés es claro: penas de hasta cadena perpetua para aquellos sujetos que traten de descomponer la integridad territorial y soberana de Dinamarca. Sumados a los artículos 98.1 y 2 de su CP, la justicia danesa sí podría procesar a Puigdemont por los delitos que se le imputan en España (al contrario que Bélgica).
Si en Dinamarca suspendes el tráfico o paralizas la producción para forzar la independencia de un territorio te puede caer cadena perpetua... pic.twitter.com/mG4j5gspYL
— Miquel Roig (@miquelroig) 19 de enero de 2018
Un jurista danés lo explicaba de forma simple en El Confidencial: "Si lo que ha hecho no es un crimen bajo la ley danesa, entonces lo dejarían libre". Dado que es improbable que Puigdemont y sus asesores fueran ajenos a este hecho, ¿por qué ponerse en riesgo?
Por un lado, la apuesta podía salirle bien: no era seguro que la justicia danesa acepte la extradición, y en función de cómo se haya formulado la euroorden, el juez podría imponer una devolución con condiciones, como ya hiciera su par belga, tan insatisfactorio para los intereses del Supremo. De este modo, Puigdemont habría revelado su virtual libertad de movimiento en el espacio europeo, y habría puesto en evidencia una vez más tanto al Supremo como al gobierno español.
Por otro lado, la apuesta podía salirle mal (y al mismo tiempo bien): ante su presentación como candidato a la investidura por Roger Torrent, el presidente del Parlament, Puigdemont no podía quedarse quieto. Necesitaba o bien estar presente en el hemiciclo para ser elegido (y para participar en la votación) o delegar el voto. Lo primero es imposible sin pasar antes por el Supremo: lo segundo sólo es posible si, como se ha mostrado con el caso Junqueras, ha sido detenido.
El reglamento del Parlament contempla delegar el voto en caso de que el diputado en cuestión tenga una imposibilidad evidente de hacerlo. Estar en el extranjero no entra dentro del supuesto. Como se explica en La Vanguardia, en caso de ser detenido en Dinamarca (la extradición lleva más tiempo, no sería necesariamente inmediata), Junts per Catalunya podría solicitar la delegación amparada en similares circunstancias a las de Junqueras.
Al final, nada de esto ha importado: el Tribunal Supremo ha optado por no revalidar la euroorden, contradiciendo a la Fiscalía, con objeto de asegurar la "unidad" de la causa. Es decir, ante la posibilidad de que la justicia danesa (como ya hiciera la belga) limara parte de la acusación y de los delitos imputados, el juez Llarena prefiere esperar a que Puigdemont y los consellers regresen a España. Entonces sí, podrá detenerlos e imputarles todos los delitos previstos.
Ante todo, el viaje de Puigdemont a Dinamarca es un nuevo ejercicio de protagonismo mediático que coloca su causa, otra vez, en la conversación política de España y de Europa. Al igual que su paso por Bruselas, su llegada a Copenhague supone una incómoda realidad para los políticos y el gobierno danés (que no tienen previsto reunirse con él, más allá de un grupo de independentistas feroenses) y obliga al gobierno a español a tomar la iniciativa. Otra vez.
