Google y WhatsApp han confirmado al Tribunal Supremo que conservarán los datos del fiscal general Álvaro García Ortiz, según publica El País. El fiscal está siendo investigado por presunta revelación de secretos al filtrar información sobre un acuerdo que ofrecía el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, para evitar la cárcel por dos delitos fiscales.
Política al margen, han abierto un interesante debate sobre la verdadera privacidad en entornos digitales.
Por qué es importante. El caso saca a la luz una realidad tecnológica no-tan-conocida: borrar mensajes o correos de nuestros dispositivos no significa que desaparezcan completamente de los servidores de las empresas tecnológicas, que pueden ser obligadas a recuperarlos mediante órdenes judiciales.
Entre bambalinas. Las aplicaciones de mensajería y los servicios de correo mantienen copias de seguridad y registros que sobreviven al borrado local. WhatsApp hace dos tipos de copias: una en el propio dispositivo y otra en almacenamiento virtual que se gestiona a través de Google. Esto crea una red de datos persistente difícil de eliminar por completo.
La panorámica general. Este caso ejemplifica lo complejo de las arquitecturas de almacenamiento que usan las grandes tecnológicas, a nivel técnico y jurídico:
- Los datos se fragmentan y duplican en varios servidores, a su vez en varias jurisdicciones.
- Las copias de seguridad se hacen automáticamente y en segundo plano, a menudo sin conocimiento explícito del usuario.
- La eliminación completa de datos requiere acciones concretas más allá del simple borrado en el dispositivo.
En detalle. El procedimiento técnico para recuperar mensajes "borrados" implica varias capas:
- Acceso forense a copias locales mediante software especializado.
- Solicitud de registros de metadatos (quién envió qué a quién y cuándo).
- Recuperación de copias de seguridad en la nube que pueden permanecer incluso después del borrado local.
- Análisis de logs de servidores que registran la actividad de las comunicaciones.
Las autoridades buscan datos muy concretos que las tecnológicas conservan pese al borrado local por parte del usuario. Contenido de mensajes, archivos multimedia intercambiados, metadatos de las comunicaciones y registros de actividad y conexión.
La gran pregunta. Este caso ilustra una realidad que muchos usuarios desconocen: la eliminación de mensajes en nuestros dispositivos no garantiza su desaparición definitiva.
Para el ciudadano común, esto supone replantearse qué entendemos por privacidad digital; para profesionales en puestos sensibles, implica asumir que cualquier comunicación electrónica podría ser recuperada en un proceso judicial futuro, independientemente de si se borró o no. ¿Cambiarán nuestros hábitos comunicativos cuando asumamos que lo "borrado" puede no estarlo realmente?
Imagen destacada | Consejo de Estado, Dimitri Karastelev en Unsplash
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