Las aplicaciones de rastreo de contactos parecían una respuesta tecnológica fantástica para contener los efectos de la pandemia de COVID-19. Pasamos meses hablando de esta tecnología y de su aplicación final en la app móvil Radar COVID en España, pero el resultado de ese esfuerzo ha sido un desastre.
La implementación fue errática y su implantación un desastre: menos del 15% de los usuarios en España la instalaron, lo que la hacía prácticamente inútil para registrar casos positivos. Ahora hemos sabido que el Gobierno de España invirtió 3,2 millones de euros en Radar COVID, de los cuales 1,5 millones han estado dedicados a su promoción. A todo ello se suma ahora una demanda con dos procesos sancionadores por violación del RGPD.
1,5 millones para promocionar una app que se ha usado muy poco
Como señalan en Newtral, las demandas de la ONG Rights International y de un particular, Pau Enseñat, han acabado en un expediente abierto y en la apertura de dos procedimientos sancionadores por la potencial "vulneración del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en la aplicación Radar COVID".
Según las demandas, Radar COVID no cumplía con las directrices marcadas por el RGPD, y la Agencia Española de Protección de Datos admitió a trámite la reclamación en octubre de 2020.
La falta de transparencia fue patente para los demandantes. La ONG Rights International Spain (RIS) solicitó durante meses la evaluación de impacto que teóricamente era obligatoria para poner en marcha una aplicación de este tipo.
Esa información llegó tarde y mal, como también lo hizo el código fuente de la aplicación, otro requisito que imponía el Comité Europeo de Protección de Datos. Ese código se acabó publicando tras las peticiones de Enseñat, pero luego se descubrió que el código estaba ofuscado y no se podía saber si era el correspondiente a la app que estaba disponible en Google Play y la App Store.
Como explicaba Enseñat en Newtral, aunque en España debía haber esfuerzos para tratar de combatir la pandemia con iniciativas como la de la app Radar COVID, "qué menos que pedir que cumpla la normativa".
¿Dinero malgastado?
Se han invertido 3,2 millones de euros en Radar COVID, y para su promoción se han gastado 1,5 millones de euros que no obstante no parecen haber servido de casi nada.
#RadarCOVID – 2021-06-16@08
— Radar STATS (@RadarCOVIDSTATS) June 16, 2021
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Un desarrollador español creó un sistema que publica automáticamente los datos estadísticos relacionados con el uso de la app, y según dicha información el ratio de uso oficial está en apenas un 1,2%: ese es el ratio de casos positivos que suben datos a la app.
Las estadísticas también están disponibles en el sitio web oficial de Radar COVID, y allí se indica que ha habido un total de 7,43 millones de descargas y que la tasa de penetración es del 18%, pero una cosa es esa tasa y otra los dispositivos que realmente tienen activa la app y que acaban subiendo datos, que como decíamos apenas pasan del 1%.
La cifra es demasiado baja aquí y en prácticamente todo el mundo, y de hecho antes de su puesta en marcha ya se indicaba que para ser realmente efectiva, Radar COVID debía ser instalada y usada de forma masiva: al menos un 60% de la población debía utilizarla para que el rastreo de contactos fuera efectivo según un estudio de la Universidad de Oxford.
Los datos revelan por tanto que la inversión en la aplicación ha tenido unos resultados prácticos muy pobres, y aquí la pereza y los temores a la invasión de la privacidad han sido factores claros del rechazo al uso.
Queda por ver ahora qué ocurre con esos procedimientos sancionadores que como señalan los expertos no conllevarán en ningún caso sanción económica, sino simplemente un apercibimiento. Para Sergio Carrasco Mayans, abogado que lleva el caso en nombre de Rights International Spain, "todo queda en casa".
Vía | Newtral
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