Sevilla saca la artillería pesada para acabar con los apartamentos turísticos ilegales. Ante las dificultades para llegar a un acuerdo con la oposición que le permita limitar los alquileres vacacionales, el Consistorio hispalense ha decidido lanzar una ofensiva con una decena de medidas que se lo pondrán más difícil a los caseros que arrendan sus casas a turistas sin permiso. El alcalde José Luis Sanz ya ha avanzado que se mirarán con lupa, "una a una", las licencias que se concedieron tras los cambios en el Plan General y ha pedido a la Junta la retirada de 715 que, advierte, "incumplen la normativa". La iniciativa que más revuelo ha generado es sin embargo otra: cortar el agua a los pisos turísticos que no respeten la ley.
A problemas desesperados… corte de suministro.
Adiós a los pisos turísticos ilegales. Ese es el objetivo que se ha marcado el alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz. A través de su cuenta de X el regidor ha anunciado un paquete de diez medidas "para acabar con las viviendas turísticas ilegales". El anuncio llega después de que su Gobierno haya buscado, de momento sin éxito, cerrar un pacto con la oposición para limitar las licencias de alquiler.
El equipo de José Luis Sanz lo intentó en un pleno municipal a comienzos de verano, pero su planteamiento no convenció a PSOE, Vox, Con Podemos-IU, que votaron en contra. El resultado: la propuesta de bloquear las licencias de alquiler vacacional en parte del casco histórico, la zona más saturada del municipio, y controlarlas en barrios donde la presión es menor, no salió adelante.
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Efecto llamada. Si el escenario no fuese lo suficientemente complejo de por sí, sobre todo en una ciudad con el tirón turístico de Sevilla y un mercado del alquiler residencial en máximos históricos, la oposición advierte que el Consistorio no ha hecho más que generar un “efecto llamada”, con un goteo de nuevas licencias.
"En junio de 2023, 8.074 viviendas de uso turístico; en febrero de 2024, 8.778; en marzo de 2024, 9.076; en junio de 2024 9.318", enumeraba a modo de ejemplo durante el pleno municipal de junio el concejal socialista Francisco Páez.
Sacando la artillería. Con ese telón de fondo, el Ayuntamiento de Sevilla ha decidido sacar la artillería pesada y ponerse firme con los apartamentos turísticos que operan de forma irregular. ¿Cómo? Recurriendo a medidas coercitivas, como avanzaba ayer el diario ABC, que detallaba además la más llamativa: de la mano de Emasesa, la sociedad encargada del abastecimiento y saneamiento de la ciudad, se cortará el suministro de agua a las viviendas que se alquilen a turistas sin permiso.
Lo confirmaba vía X el propio Sanz: las viviendas turísticas ilegales, que sigan operando sin estar en el registro autonómico, se arriesgan a un corte de agua.
¿Es la única medida? No. Sanz cita otras, incluidas sanciones a los caseros reincidentes o la revisión "una a una" de las licencias otorgados tras los últimos cambios del Plan General. También avanza que el Ayuntamiento ya ha dado un paso crucial: ha informado a la Junta de Andalucía de 715 pisos que incumplen lo recogido en el PGOU, por lo que se arriesgan a caerse del registro autonómico que los respalda. Antes la Consejería deberá revisar su documentación en un trámite que, precisan a ABC desde el Consistorio, puede durar aún varios meses.
"Tolerancia cero" con los pisos ilegales. El entrecomillado es de nuevo del alcalde, quien garantiza que el Consistorio actuará "con firmeza y tolerancia cero" con las viviendas que no cumplan la ley y estén alquilándose a turistas de forma irregular. "La convivencia entre el turismo, motor fundamental de la ciudad, y el día a día de los sevillanos es y seguirá siendo una prioridad", aclara.
¿En qué se traducirá ese compromiso? Trasladar al menos una decena de casos cada semana a la Junta de Andalucía para que se estudien en detalle y agilizar los trámites, incorporando criterios que permitirán priorizar ciertos expedientes. Por ejemplo, aclara ABC, los pisos con ciertas características situados en las zonas más saturadas de la ciudad. También se prestará atención a los apartamentos que generen problemas de convivencia con el resto de familias del edificio.
Más allá de Sevilla. Sevilla no es ni mucho menos la única ciudad de España que, de una forma u otra, busca la forma de controlar un incremento de pisos turísticos que tensa aún más un mercado residencial ya de por sí tirante.
Madrid ha decidido congelar la concesión de licencias y endurecer las multas; Barcelona quiere extinguir sus licencias a medio plazo, lo que afecta a miles de pisos turísticos de la urbe; en Santiago de Compostela han reforzado su normativa; en Valencia se ha adoptado una moratoria… y la lista suma y sigue, con medidas adoptadas por instituciones —incluido la central— que buscan evitar el trasvase de viviendas al lucrativo negocio del alquiler vacacional y la masificación turística.
Imagen |Taisia Karaseva (Unsplash)
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