El gobierno chino está decidido a convertirse en la primera distopía funcional del planeta.
A finales de 2017 anunció la implantación de un "sistema de crédito social" que puntuaría a sus ciudadanos en función de sus actitudes cívicas, respeto al orden establecido y viabilidad financiera. El proyecto llegó a buen puerto a mediados de 2018: desde entonces, los ciudadanos chinos han estado vigilados por el Gran Hermano gracias a un complejo modelo de puntuación social.
El resultado. Medio año después, ya hay 17 millones de chinos incluidos en la "lista negra" del gobierno (alrededor del 1,3% de la población). Todos ellos son juzgados poco "confiables" por las autoridades. Las consecuencias son variadas, y siempre negativas: en función de sus características quedarán fuera de los créditos bancarios y serán privados de su capacidad para viajar en tren o en avión.
¿Es legal? En China sí. Lo comentamos en su día: es un modelo similar al que siguen las instituciones financieras occidentales para evaluar si una persona puede o no puede acceder a un crédito. El gobierno lo ha llevado más allá, empleando el mismo modelo de puntuación a cuestiones como el pago de impuestos, las sanciones administrativas o el cumplimiento de obligaciones contractuales.
Cualquier borrón en el historial, una suerte de "buen comportamiento" marcado por las autoridades, puede inducir a la pérdida de puntos. El objetivo es centralizar la información de tal modo que la administración tenga un informe general de todos los ciudadanos.
¿Es real? Lo es. Nuestros compañeros de Xataka lo comprobaron hace poco: ahora los trenes incluyen mensajes recomendatorios sobre la necesidad de comportarse de forma cívica para no perder puntos. Viajar sin billete, fumar en los baños o mostrar una actitud "inadecuada" podría penalizar en el sistema de crédito social, privando de oportunidades o acceso a algunos bienes y servicios.
Los problemas. Uno es la arbitrariedad: muchas penalizaciones se ajustan a descripciones generales que no tienen en cuenta circunstancias personales o contextos socio-económicos (como reciclar). Otro es el manejo y la posible filtración de información privada. La base de datos del gobierno es gigantesca, y China es aún ineficiente en materia de ciberseguridad.
Por último, es incierto hasta qué punto opiniones políticas o el ejercicio de derechos civiles puede contribuir a empeorar o mejorar el crédito.
La tecnología. ¿Cómo ha llegado el gobierno chino hasta aquí? Controlando Internet y el big data. AliBaba ya empleaba herramientas similares desde hace años para evaluar la ideoniedad de sus consumidores. Casi todos los aspectos de nuestra vida están hoy ya digitalizados. En China, donde la red está celosamente controlada por el gobierno, llevar una contabilidad cívica es más sencillo.
Todo esto ha sucedido, de momento, con programas piloto. Para 2020 el gobierno aspira implantar el conteo de puntos a sus 1.300 millones de ciudadanos.
Imagen: Christie Kim/Unsplash
