Renta básica en España: cuánto costaría y qué impuestos se tendrían que subir para pagarla

Dado el futuro post-laboral al que se asoma la humanidad, los foros económicos y políticos del mundo debaten cada vez con más ahínco la posibilidad de implantar una renta básica universal (RBU). De forma simple, el supuesto extremo de la RBU consistiría en entregar a cambio de nada un determinado salario mensual a todos los ciudadanos de cada país. No tendrían que rendir cuentas, simplemente recibirían el dinero.

La idea detrás de la RBU y de otras propuestas similares es asegurar que la población tenga unos ingresos mínimos para no caer debajo del umbral de la pobreza. Dado que la robotización y automatización del trabajo hará imposible que todos tengamos un puesto laboral, es el estado quien tendría que asegurarse de nuestro pleno bienestar. Así, la RBU se plantea como algo utópico y siempre lleva a la misma pregunta: ¿cómo se paga?

El último estudio-recopilatorio del BBVA ha tratado de responder parcialmente a esa pregunta. En el trabajo, recopilado y publicado por Rafael Doménech, se analizan diversos modelos y propuestas sobre la Renta Básica Universal, con un especial hincapié en el trabajo realizado por Daniel Raventós, Jordi Arcarons y Lluís Torrens en Red Renta Básica, uno de los principales think tanks en promoción de la renta básica universal.

En la RBU, el "cómo" importa más que el "cuánto"

Para entender los costes totales de un proyecto tan grande y revolucionario (pagar 600 euros a cada ciudadano español, nada menos) hay que entender primero las diversas tipologías de la RBU. La lógica detrás del experimento es que el estado sustituye todos o casi todos los subsidios directos que ofrece hoy en día (pensiones, becas, desgravaciones a la vivienda, etcétera) por un cheque mensual directo que cada persona puede gastar como mejor le venga en gana. A priori, es una re-estructuración brutal del gasto público.

Desde este punto de vista, The Economist creó su propio simulador el año pasado. La revista partía de un supuesto: congelando el dinero que cada estado destina al sistema sanitario, que seguiría siendo proporcionado por el estado, además de otros gastos obligatorios como la educación, ¿cuánto dinero le quedaría a cada país para entregar en mano a sus ciudadanos? El resultado fue, para España, alrededor de 7.000 dólares al año.

O lo que es lo mismo, 532 euros al mes por cabeza.

La cifra a duras penas se puede considerar una RBU porque estaría por debajo del umbral de la pobreza, por lo que incumpliría su objetivo principal. A cambio, el estado no tendría que subir los impuestos. Utilizaría todo el remanente restante del IRPF, Sucesiones, IVA y etcétera para entregar un sueldo mensual, pequeño, a sus contribuyentes.

Antes que una forma de analizar en detalle cómo implementar la RBU, el gráfico de The Economist servía para ilustrar las diferencias recaudatorias de cada país. Mientras España podía pagar 7.000 dólares al año, Dinamarca se iba por encima de los 10.000. Pero ante todo, el experimento intentaba esbozar hasta qué punto es plausible la, visto desde el punto de vista de siglo XX, tan alocada idea de dar dinero gratis a la gente porque sí.

Pero a la hora de enfocar de forma más concreta la RBU, el BBVA se vale del estudio ya citado de Raventós, Arcarons y Torrens. El trabajo, cuyo resumen se puede leer en este artículo, aplica otros criterios. A saber: que la renta básica universal supere el umbral de riesgo de pobreza de estado exceptuando Navarra y País Vasco, en diferentes regímenes fiscales (622 euros al mes) y que su financiación provenga exclusivamente del IRPF.

¿Por qué es importante esto último? Por dos motivos: primero, porque el resto de partidas destinadas vía impuestos a otros menesteres se mantendría; segundo, porque al detraerse únicamente de la renta, como explican los economistas, la renta básica tendría un papel eminentemente redistributivo. Pero como veremos a continuación, la utilización única y exclusiva de lo recaudado por IRPF tendría un problema directo a ojos de gran parte del electorado: habría que subir los impuestos de forma generosa. El cuánto es la cuestión.

Hablemos de números: un coste total de la RBU en España, fijándola en los 622 euros al mes, ascendería a los 280.092 millones de euros (7.471 euros al año por adulto y 1.492 euros al año por menor de edad). Es mucho dinero, pero a la cifra habría que restar 92.222 millones de euros que el estado ya entrega en la actualidad en forma de subsidios, ayudas a la vivienda, prestaciones por desempleo y pensiones y que, en el proyecto de los economistas, se eliminarían. El estado ya se gasta ese dinero hoy, ahora sólo se acoplaría a la RBU.

De modo que el coste neto real, extraordinario, de la idea ascendería a los 187.870 millones de euros, una cifra igualmente generosa.

Nos vamos al tipo del 49% en tu IRPF

Ahora toca mirar cuánto dinero tenemos en la caja: Hacienda recauda alrededor de 240.000 millones de euros cada año, cifra más que suficiente, pero nos hemos condicionado limitando la financiación al IPRF y dejando intactas otras partidas que el estado ya cubre con esa recaudación, como Sanidad o Educación. Si tenemos en cuenta que, en 2010, un año especialmente lesivo para la economía del país, la administración recaudó 67.807 millones de euros (hoy es más alta), claramente estamos por debajo de las necesidades de financiación.

Los economistas proponen varias opciones. Primero, eliminar el mínimo exento, lo que otorgaría alrededor de 20.000 millones extra para su costeo, y segundo y más importante reformar de forma radical el IRPF por la vía de un tipo único al 49%. O lo que es lo mismo, todos pagaríamos a Hacienda el 49% de nuestra declaración de renta y bienes al margen de lo que ganemos o de nuestras posesiones. Con todo eso, el estado tendría suficiente para pagar la RBU, y a partir de ahí ejercer de distribuidor de la riqueza.

Se trata de un proyecto plausible, según sus autores, pero no exento de problemas, según el análisis del BBVA.

Para los primeros, es deseable por un motivo simple: aunque pueda parecer mucho (un 49% de tus ganancias, nada menos, se iría al estado), sólo lo sería para las rentas altas. Las rentas más bajas ganarían mucho más con lo recibido por la RBU (622 euros al mes) que por lo perdido en su IRPF. Según los cálculos del trabajo, para el decil más bajo del país (el 10% de las rentas más bajas) la RBU supondría un 200% de sus ingresos mensuales. Hasta el 60% de los deciles del país se beneficiarían de mayores ingresos.

En esencia, recibirían mucho más por la RBU de lo que les descontaría el IRPF. Algo lógico dado que sus ingresos serían bajos.

El pato lo pagarían los deciles restantes, es decir, las rentas más altas, quienes tendrían que pagar entre un 6% (para los deciles del 70%) y un 42% (para las rentas más altas absolutas) en transferencias al estado. Para ellos sí existiría un aumento claro de la presión fiscal dado que la RBU representaría muy poco en su salario mensual, insuficiente para compensar la nueva carga impositiva el 49% (el tipo medio hoy está la 18%).

Si bien tendría un claro carácter redistributivo a cambio de una razonable mayor carga fiscal, en palabras de Raventós, Arcarons y Torrens, también tendría otras consecuencias en la economía. El análisis del BBVA pone el acento en los imprevisibles resultados que una política semejante podría tener en el mercado laboral y en el crecimiento del país (a día de hoy disparado), además de los altos efectos distorsionadores de impuestos directos tan altos.

El marco de interpretación del banco habla del altísimo coste de la propuesta, y del dilema que plantea en términos de generosidad: ante todo, la RBU implica un ejercicio redistributivo muy grande y soportado en gran medida a través de una renovada carga fiscal muy alta para las rentas más enriquecidas. Según la entidad, lo ideal sería utilizar proyectos piloto que controlaran las consecuencias y los posibles desequilibrios derivados de la RBU.

Y de fondo, plantea otra idea: el estado del bienestar de España es poco redistributivo tal y como está planteado, y tiene un amplio margen de mejora en términos de eficiencia si lo comparamos con otros paladines sociales europeos como Dinamarca o Finlandia. ¿Convendría mejorarlo antes de experimentar con la RBU? ¿O como plantean Raventós, Arcarons y Torrens es mejor desecharlo y pasar directamente a un proyecto a gran escala que sirva para limar las crecientes desigualdades y asegurar una renta básica a la población?

En ese dilema se pierde el debate, repleto de matices y detalles que abordaremos otro día. Pero si algo se puede extraer de ambos trabajos es esto: la RBU no es una realidad ignota e imposible en el largo plazo, sino algo más tangible de lo que parece. Con sus enormes beneficios y sus enormes costes.