“Me han colado un gol por la escuadra". Habla la socialista Magadalena Valerio, del Ministerio de Trabajo. El pasado 4 de agosto el BOE recogía la aprobación del sindicato barcelonés de ámbito nacional OTRAS (Organización de Trabajadoras Sexuales), lo cual daba de facto el visto bueno al ejercicio de una actividad que a día de hoy no es legal. El cabreo de Valerio, así como de otras representantes del PSOE, es monumental. Van a luchar por impugnar esta aprobación que tildan de “error”.
La zona gris. La prostitución en España no es legal ni ilegal y su ejercicio es libre. El Código Penal español sanciona duramente a todo el que practique trata o explotación, la Ley de Seguridad Ciudadana persigue que no se realice en determinados sitios (carreteras, cercanías de colegios) y los ayuntamientos tienen capacidad para sancionar la prostitución en la vía pública en sus ordenanzas municipales. A parte de eso, libertad. Muchas mujeres dedicadas a la prostitución o defensoras de las mismas llevan décadas pidiendo la creación de un sindicato para poder sindicarse, ir a huelga, cobrar vacaciones y jubilación y otras coberturas usuales de los trabajadores. Muchas prostitutas ejercen su actividad a día de hoy cotizando a la seguridad social bajo actividades que no les corresponden, lo cual lleva problemas adicionales.
Aprosex: detrás de OTRAS está esta conocida organización catalana, asociación que cobra a novatas cursos que van desde la iniciación a la prostitución, el inglés para putas, el trabajo en tríos o el empoderamiento. Por uno de estos talleres cobran a los inscritos entre 60 y 90 euros y se imparten vía Skype. Entre los promotores de la solicitud hay también dos hombres, uno de ellos Joaquín P. Donaire, tesorero de esta asociación y promotor de estos cursos, y el otro es José Miguel Joaquín Vicente, que administra una sociedad "sin indicios de actividad", lo que dispara las sospechas de la intención de la creación de este sindicato.
Entonces, ¿por qué no se puede legalizar o despenalizar la prostitución? El argumento jurídico es que, bajo el régimen de la legalización, se despenaliza también a las figuras asociadas de la industria sexo. Una persona es libre de explotarse a sí misma sexualmente si lo desea, pero si se despenaliza esta actividad también se hace en cascada a las figuras que circulan alrededor de esta prostituta: el empresario, el proxeneta, el cliente, etc. Esto trae problemas. No sólo daríamos el visto bueno a que terceros se beneficien económicamente de las prostitutas, sino que al legalizar la actividad haríamos aún más difícil determinar cuándo se trata de la explotación forzosa de una mujer. Hoy el código penal persigue a los que coaccionan u obligan a otros a prostituirse. Si prostituirse es legal, ¿sería perseguible que alguien te hiciese una oferta de trabajo para que te prostituyas?
¿Pero cuántas prostitutas ejercen en contra de su voluntad? Es otro de los problemas asociados con la alegalidad de este trabajo. Sabemos aproximadamente cuántos prostíbulos hay en España y cuánto dinero mueven, pero no sabemos cuántas mujeres y hombres se dedican a esto porque quieren o forzadas. Sí tenemos otro indicador: la inmensa mayoría de las que ejercen, en torno al 70%-90%, son extranjeras y de países pobres, tanto aquí como en el resto de países. Son personas de bajísimos recursos que vienen a nuestro país, generalmente pensando que recibirán un mejor porvenir, y que acaban asfixiadas por deudas contraídas con las mafias. Si hacemos caso de las cifras de la policía, el 80% de quienes ejercen la prostitución lo hacen contra su voluntad, claro que es una especulación: según ellos mismos cuentan, les es muy difícil sacar a las supuestas víctimas declaraciones sobre su condición de explotadas.
¿Terminaría la legalización con el tráfico? No lo sabemos. Sí sabemos que las experiencias de los países europeos que han legalizado la prostitución no son nada halagüeñas. En Alemania, el país con leyes más pro-sexo, el Consejo de Ministros alemán aprobó recientemente una ley con penas de cárcel para los puteros que sepan que han contratado a alguien que no ejerce libremente. La policía demostró que se siguen topando con ese problema. Ni en Alemania ni en Holanda ha bajado el porcentaje de trabajadoras ni de extranjeras dedicadas a ello, de hecho, en Holanda ha incrementado. El Report on Human Rights Practices de Estados Unidos reconoció el vínculo entre la legalización y el tráfico en Australia.
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