Patricia Navarro, este lunes, en la presentación del estudio sobre la autopista de la Costa del Sol.
El Gobierno recauda 30 millones por la autopista de la Costa del Sol y apenas quiere devolver 1 en bonificaciones
El PP de Málaga cifra en 384 millones lo ingresado en impuestos por el Gobierno central desde 1999.
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El negocio de la autopista de peaje de la Costa del Sol se demuestra brutal. Y no sólo para las arcas de la empresa privada que asumió el riesgo de su construcción y explotación comercial, sino también para las arcas del Estado.
Así queda constatado en un informe elaborado y presentado este lunes por el Partido Popular de Málaga, en el que se concluye que desde 1999, cuando entró en funcionamiento la carretera de pago, la actual concesionaria ha logrado beneficios netos por valor de 355 millones, a los que agregar otros 384 millones recaudados en impuestos por el Gobierno central. En total, hasta el año 2023, 739 millones.
Es uno de los datos de mayor peso que se puede extraer del documento de trabajo presentado por la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, quien ha aprovechado las líneas estratégicas del documento para denunciar el trato que el Gobierno de España ofrece a la provincia.
De hecho, el foco de atención de la dirigente popular no se sitúa sobre la entidad que ostenta la concesión de la AP-7 entre Málaga y Guadiaro, sino sobre el Ministro de Transporte y su negativa a aplicar sobre esta vía bonificaciones semejantes a las que, por el contrario, sí han sido aprobadas en otros escenarios como Galicia.
"Es una vergüenza que con el beneficio que genera la autopista mediante la recaudación de impuestos lo máximo que haya ofrecido a los malagueños haya sido una bonificación de 8 céntimos el viaje", ha sentenciado Navarro.
Una afirmación que toma como base, de un lado, los 384 millones de euros ingresados por impuestos en los 24 años objeto de análisis en el estudio (1999-2023), frente al millón de euros en los que el propio Ministerio de Transporte cuantificó meses atrás el plan de bonificación que se estaba analizando para la autopista de la Costa del Sol. Es de destacar que, según el PP, solo en 2023 los ingresos por IVA e Impuestos de Sociedades fueron casi 30 millones.
En el otro lado de la ecuación hay que colocar a los socios privados en esta operación, que en su momento asumieron una inversión de 732 millones de euros en la construcción de la carretera (a lo que sumar un préstamo participativo del Estado por 100 millones).
En el caso de la concesionaria, el negocio es claro. Desde 1999 hasta 2023 ha acumulado 1.300 millones de euros en ingresos (de ellos, 90 millones en 2023), que se han traducido en 985 millones en beneficio de explotación y, sobre todo, en 355 millones de ingresos netos.
Ante esta realidad, el PP contrapone las acciones ya acordadas por el Gobierno central en otras autopistas. El caso más llamativo es el de la AP-9, que transcurre entre Ferrol y la frontera con Portugal. Para facilitar el acceso a esta carretera hasta 2048, según los populares, se han reservado 3.800 millones de los Presupuestos Generales del Estado. De ellos, para el presente ejercicio hay asignados 83,5 millones en bonificaciones.
